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miércoles, 11 de mayo de 2016

Primer fallo de la historia jurisprudencial argentina en materia penal tributaria dictado en el ámbito local

Por Juan Cruz Cardoso (*)

I. INTRODUCCIÓN

El 1 de abril de 2016, se aplicó por primera vez en la historia jurisprudencial argentina la Ley Penal Tributaria 24.769 -modificada por la Ley 26.735- con motivo de la evasión de tributos locales.
Concretamente, se condenó a dos años de prisión en suspenso a un contribuyente que había sido denominado agente de recaudación (retención / percepción) por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, AGIP-CABA, indistintamente) debido a la falta de ingreso a favor de dicha entidad de los Ingresos Brutos retenidos durante algunos meses de los períodos fiscales 2012 y 2013.
Dicho fallo fue dictado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 20 de CABA, en los autos «Choikue S. A. s/ Infracción arts. 00, Presunta Comisión de Delito», el 1/4/16.
Nos encontramos, así, ante la primera sentencia de esta especie en la historia jurisprudencial de la República Argentina, ya que no existen hasta el momento antecedentes similares al respecto.
Es que desde la -todavía- corta vigencia que tiene la modificación efectuada a la Ley 24.769, a través de la Ley 26.735 (B. O.: 28/12/2011), por medio de la cual se sancionó penalmente la evasión del pago de tributos y aportes al sistema de seguridad social debidos no solo al Estado nacional, sino también a los fiscos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existen antecedentes similares al respecto. Vale aclarar que tampoco encontramos antecedentes que daten de antes de la modificación efectuada, durante la anterior redacción de la Ley 24.769 o durante la vigencia de la Ley 23.771.
Si bien es cierto que la originaria Ley Penal Tributaria 23.771, en su art.1 (1), no distinguía entre fraude al Fisco nacional y / o provincial, y, en atención a ello, gran parte de la doctrina entendía que los Fiscos locales se encontraban incluidos en la previsión del tipo penal de la norma, la realidad indica que no existen condenas bajo la vigencia de esa norma, y seguramente tampoco instrucción de causas penales. Simplemente no existe jurisprudencia penal local de las provincias que integran la República Argentina al respecto, sino hasta el 1 de abril de 2016.
La posterior redacción del art. 1 (2) de la Ley Penal Tributaria 24.769, en su art. 24 derogó la Ley 23.771 estableciendo un nuevo régimen penal tributario, mantuvo en alguna medida el espíritu del régimen penal tributario inicial, pero echó por tierra toda suspicacia doctrinaria al respecto, ya que la nueva ley ahora se refería específicamente a la evasión de tributos al Fisco Nacional, estableciendo que en el ámbito de la Capital Federal la norma sería aplicada por los Juzgados Nacionales, y en el interior del país por los Juzgados Federales (conf. art. 22).
Finalmente, encontramos la vigente Ley 24.769, modificada por la Ley 26.735 (B. O.: 28/12/2011), que incluye en su art. 1 como sujetos pasivos del delito de evasión fiscal, no solo al Fisco nacional, sino también a los Fiscos provinciales y al Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual llegamos al 1 de abril de 2016, día en que se dictó el primer fallo local en la República Argentina que condena la evasión fiscal a una agencia recaudadora provincial.

II. ANTECEDENTES DEL FALLO

Choikue S. A. es una sociedad que fue constituida en julio de 2003 y tenía, entre sus accionistas, al Sr. «O».
A la fecha en que suceden los hechos que motivan el proceso penal, el Sr. «O», además de accionista, era presidente del directorio de Choikue S.A., y estaba registrado como firmante, representante y cotitular ante las diferentes entidades bancarias con que operaba la sociedad, por lo que tenía injerencia directa en el destino de los fondos de la sociedad, especialmente en los no ingresados a AGIP-CABA.
Se debe resaltar que Choikue S. A. había sido designada agente de recaudación (retención y/o percepción, según corresponda) por AGIP-CABA a través de la Res. AGIP 259/12, vigente desde el 1 de junio de 2012, con las responsabilidades tributarias / legales que ello implica.
Sin perjuicio de estos antecedentes, la contribuyente, como agente de retención, no ingresó dentro del plazo legal (ni tampoco más adelante, sino hasta el inicio del proceso penal) los tributos retenidos en concepto de ingresos brutos correspondientes a los períodos de noviembre 2012 por $48.560,47, cuyo vencimiento operó el 21/2/13; diciembre 2012 por $43.315,64, cuyo vencimiento operó el 21/2/13; enero de 2013 por $41.126,75, cuyo vencimiento operó el 25/3/13; marzo de 2013 por $50.154,35, cuyo vencimiento operó el 20/5/13; abril de 2013 por $93.604,03, cuyo vencimiento operó el 17/6/13; mayo de 2013 por $105.723,62, cuyo vencimiento operó el 23/7/13; y junio de 2013 por $93.652,85, cuyo vencimiento operó el 20/8/13.
El agente de recaudación había presentado ante AGIP-CABA las declaraciones juradas de Ingresos Brutos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2012 y de enero de 2013, de donde surgía que había retenido y percibido los montos allí denunciados, pero no se había ingresado suma alguna a favor del Fisco de CABA.
Ante esta falta de ingreso de las retenciones efectuadas, AGIP-CABA envió al contribuyente una intimación por falta de pago de los períodos de noviembre y diciembre de 2012 y de enero de 2013, pero ante la reticencia a cumplir por el agente de recaudación, se encontró motivo suficiente para la formulación de la denuncia penal prevista en el art.18 (3) de la Ley 24.769.
Más adelante, luego de efectuada la denuncia del hecho ante la justicia penal, el contribuyente solicita la reimputación de pagos efectuados a favor de la AGIP-CABA en agosto de 2014, a favor de los períodos 11/12, 12/12 y 1/13, lo que fue denegado por la Agencia Recaudadora local «por no encontrarse pagos susceptibles de ser reimputados» en atención a lo que manda el art. 68 (4) del Código Fiscal vigente en CABA (t. o. en 2014).
También manifestó el contribuyente en esa oportunidad que no se encontraban depositados los montos correspondientes a los períodos comprendidos entre marzo y junio del período fiscal 2013.
Como consecuencia de estos antecedentes, el Tribunal en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 20 de CABA, entendió que el Sr. «O» conocía que la empresa que presidía/representaba, Choikue S. A., estaba constituida como agente de recaudación ante AGIP-CABA, y que el incumplimiento fiscal en que incurrió esta, no estaba justificado de manera alguna, como para poder interpretar su inculpabilidad.

III. LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO: EL ENCUADRE LEGAL DEL TRIBUNAL

Como primera medida, debemos mencionar que el Sr. «O» reconoció ante el tribunal sentenciante su responsabilidad como autor responsable de la conducta delictiva reprochada.
En atención a ese reconocimiento, a la gravedad de los hechos denunciados por AGIP-CABA y al efectivo ingreso del impuesto evadido, el fiscal y la defensa acordaron que se le impusiera al Sr. «O» la pena de dos años de prisión con cumplimiento condicional, y con costas a cargo del imputado.
Sin perjuicio de ello, el Tribunal interviniente, en rigor de la ley, procedió a analizar los hechos invocados y probados, junto con el derecho aplicable, a fin de homologar o no el acuerdo efectuado entre partes.
Luego del análisis correspondiente, entiende el sentenciante que el caso debe encuadrarse en el art.6 (5) de la Ley 24.679, como lo solicitaba el fiscal de la causa, en tanto la norma sanciona en forma expresa, con prisión de dos a seis años, a los agentes de recaudación o percepción que actúen como tales ante el Fisco nacional, los Fiscos provinciales y el Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositaren total o parcialmente dentro del plazo legal el tributo retenido percibido.
Entiende el juez de la causa que la apropiación indebida de tributos reprime una conducta omisiva, entendida como la no realización de una acción posible que habría que haber realizado ante determinada situación.
Sin embargo, para dilucidar si dicha situación omisiva se da en autos, se analiza si se encuentran reunidos los siguientes elementos, que menciona como típicos: 1. que haya una situación de riesgo que genere el deber de actuar, 2. que no se haya realizado la acción mandada, y 3. que el sujeto haya tenido capacidad de acción, es decir que haya estado realmente en condiciones de llevar a cabo la acción debida, no realizada.
Recuerda la sentencia que la doctrina ha dicho que «la obligación de actuar (ser agente de retención o de percepción) puede surgir de la ley o de resoluciones administrativas, en tanto son estos los modos en los que se determina quiénes son agentes de retención o de percepción de impuestos» (6).
De manera que ante el irregular proceder de Choikue S. A., quien retuvo y / o percibió los montos correspondientes a los períodos identificados «supra», estando obligado a depositarlos a favor de AGIP - CABA, se impone «el deber estrictamente penal del art. 6 LPT, consistente en pagar (...) solo cuando, efectivamente, el autor haya cumplido realmente con el deber administrativo de retener. En ese sentido, la posición de garante surge de un actuar precedente, que, sin embargo, no solo es lícito (retener) sino debido».
Se cita también a la CSJN, pero sin especificar los autos, quien habría dicho respecto del art.8 de la Ley 23.771, análogo al que se analiza en la sentencia, que «se trata de una infracción que se comete por omisión de carácter instantáneo y que queda consumada, en su faz material u objetiva, en el momento preciso en que el acto omitido debió realizarse, esto es, al no depositar tempestivamente los aportes retenidos».
Y en apoyo de la tesitura que viene delineando el fallo, se cita un nuevo fallo del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, sin espec ificar autos, en donde se habría sostenido que «no basta la mera comprobación de la situación objetiva en que se encuentra el agente de retención, sino que es menester la concurrencia del elemento subjetivo en virtud del principio fundamental de que solo poder ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente», y no debe perderse de vista, concluye el sentenciante, que el Sr. «O» conocía que la empresa que representaba estaba constituida como agente de retención / percepción.
Así es que se tiene por comprobada la evasión del agente de recaudación, en perjuicio del ente fiscal de CABA, y se decide homologar el acuerdo de avenimiento celebrado entre el fiscal y la defensa, condenando al Sr. «O» a la pena de prisión de dos años en suspenso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de apropiación indebida de tributos, previsto y reprimido en el art. nuevo 6 de la Ley 24.765 (artículo sustituido por el art. 5 de la Ley 26.735 - B. O.: 28/12/2011), con costas para esta última.

IV. ANÁLISIS DEL FALLO

La sentencia en términos generales aparece acertada, ya que encuadra correctamente la conducta delictiva en la norma que la condena.
Sin embargo, encontramos algunos defectos en la sentencia que nos parece oportuno resaltar.Algunos de ellos son formales, como la falta de citas precisas en la doctrina sentada por la CSJN (sobre los que no me detendré a realizar mayores consideraciones por escapar ello a este análisis), y otros de fondo, como la falta de mención y consideración en referencia a la condena que se impone a un sujeto diferente de aquel que realizó la acción defraudatoria, ya que el agente de recaudación designado era Choikue S. A. y no el Sr. «O», y en consecuencia era la sociedad, quien actúa a través de sus representantes, la obligada al ingreso del tributo evadido.
Es que si bien el imputado reconoció el hecho delictivo, nada dijo el Tribunal en su análisis acerca del encuadre objetivo que merece el caso, dentro del art. 14 (7) de la Ley 24.769 (que contiene modificaciones parciales efectuadas por la Ley 26.735 - B. O.: 28/12/2011), y su relación con el principio «societas delinquere non potest». Por lo tanto, nada se dijo tampoco acerca de las consecuencias que acarrea para una sociedad, la comisión de un delito de evasión fiscal, tipificado en el mismo art. 14 mencionado. Así, se pudo haber previsto multa, suspensión total o parcial de las actividades sociales, la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras de servicios públicos, la cancelación de la matrícula, la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere, y la publicación de un extracto de la sentencia.
Hay autores que entienden que las sanciones que fija la norma a las personas de existencia ideal son excesivas y riesgosas, ya que, por ejemplo, pueden imponerse todas en forma conjunta (8).
Sin embargo entiendo acertado el razonamiento de Ana C.Marconi, al decir que «nuestras modernas sociedades, post industriales, nos muestran a diario que los hechos penales de relevancia no son solo cometidos por personas individuales, sino que en muchos casos se trata de actos de agrupaciones de personas, que debido a su compleja estructura interna de división de tareas, tornan difícil individualizar a la persona natural responsable del hecho» (9).
Así es que ante las nuevas modalidades de realizar negocios, y las nuevas tecnologías, aparecen también nuevos delitos, o nuevas formas de consumarlos, por lo que gran parte de la doctrina propicia una modificación del derecho penal, con el fin de plantear un nuevo derecho penal moderno.
Al respecto enseña García Martín que «en una primera aproximación a este derecho penal moderno se nos muestra como un fenómeno cuantitativo, por la cantidad de delitos nuevos que durante los últimos 30 años han engrosado la parte especial de los códigos penales» (10).
De manera que si nuestro ordenamiento penal tributario actual, prevé sanciones de tipo penal para aquellos que cometen un delito «ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal...», el Tribunal debía cuando menos hacer mención a dicha norma, encuadrando o no el hecho según su propio criterio, y aplicar las sanciones que, en su caso, se crea conveniente a la sociedad que actúa como agente de recaudación.
De manera que nos encontramos ante dos situaciones, una ventajosa, que es la de saber que la actual Ley 24.769 finalmente tuvo aplicación en una jurisdicción local, con las dificultades que ello acarrea (tanto técnicas como presupuestarias ante la falta de fuero especializado), y otra que no lo es tanto, ya que una vez más se dejó pasar la oportunidad de generar jurisprudencia respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema aún no resuelto en forma pacífica por la doctrina.Vale para reforzar esta última afirmación, citar al propio Savigny, cuyos pensamientos están todavía vigentes, y en defensa del principio «societas delinquere non potest», desarrolla una teoría al respecto en su «Traité de droit romain», donde señala lo siguiente: «Las únicas personas existentes en el mundo real son las personas físicas. En cambio, las personas jurídicas son creaciones del legislador justificadas por el interés social que ellas despiertan en la comunidad. Por ello, el legislador es quien tiene el derecho de someter esta clase de personas a su vigilancia y, según el caso, hasta puede quitarles su personalidad y disolverlas (...) es imperioso aclarar que la teoría de las ficciones nutre del concepto de derecho subjetivo, es decir, el derecho importa un poder de obrar atribuido a la voluntad, en consecuencia, sujeto de derecho solo puede ser el hombre, ya que es el único dotado de ella» (11).
Sin dudas, debemos festejar que la actual Ley 24.769 ya es de aplicación real y efectiva en el ámbito local, pero el debate en cuanto a su verdadero alcance en relación con las personas de existencia ideal sigue abierto, de ahí el mayor esfuerzo que deberán hacer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aportar rica doctrina a la jurisprudencia nacional existente.

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(*) Abogado, Universidad de Mendoza. Magíster en Derecho Tributario, Universidad Austral. Especialista en Derecho Tributario, Universidad Austral.

(1) La Ley 23.771, en su art. 1, expresa lo siguiente:«Será reprimido con prisión de un mes a tres años el responsable por deuda propia o ajena que mediante doble contabilidad, o declaraciones, liquidaciones, registraciones contables o balances engañosos o falsos, o la no emisión de facturas o documentos equivalentes cuando hubiere obligación de hacerlo, o efectuando facturaciones o valuaciones en exceso o en defecto, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, ocultare, modificare, disimulare o no revelare la real situación económica o patrimonial, con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos, siempre que pueda importar un perjuicio patrimonial al fisco, cuando el hecho no importe un delito más severamente penado».

(2) La Ley 24.769, en su art. 1, expresa lo siguiente: «Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al Fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año». (Sancionada el 19/12/99, promulgada de hecho el 13/1/97).

(3) La Ley 24.769, en su art. 18, expresa lo siguiente:«El organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos».
»En aquellos casos en que no corresponda la determinación administrativa de la deuda, se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito».
»Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo».
(Artículo sustituido por el art. 15 de la Ley 26.735, BO: 28/12/2011).

(4) Art. 68, Código Fiscal de CABA: «Cuando el contribuyente y / o responsable fuera deudor de tributos, tasas, derechos, actualizaciones, intereses y / o multas y efectúe un pago sin precisar su imputación, el pago deberá imputarse por el organismo fiscal a la deuda correspondiente al año más antiguo no prescripto, comenzando por los intereses y las multas, en ese orden.

(5) La Ley 24.679, en su art. 6, expresa lo siguiente: «Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) por cada mes». (Artículo sustituido por el art. 5 de la Ley 26.735, BO:28/12/2011).

(6) ORCE, Guillermo, y TROVATO, Gustavo F.: Delitos Tributarios. Estudio analítico del régimen penal de la Ley 24.679, 1.a ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2008.

(7) La Ley 24.769, en su art. 14, expresa lo siguiente: «Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz».
»Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente»:
»1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada».
»2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años».
»3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años».
»4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad».
»5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere».
»6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal». (Párrafo incorporado por el art. 13 de la Ley 26.735, BO:28/12/2011).
«Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad conómica de la persona jurídica». (Párrafo incorporado por el art. 13 de la Ley 26.735, BO: 28/12/2011).
«Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4». (Párrafo incorporado por art. 13 de la Ley 26.735, BO 28/12/2011).

(8) Así lo entienden Roberto Durrieu y Alejandro Becerra (h.) en su «Análisis de la Reforma al Régimen Penal Tributario», publicado en Reforma del Régimen Penal Tributario. Suplemento Especial. Lavado de dinero - Orden económico. Buenos Aires, La Ley, enero-febrero de 2012.

(9) MARCONI Ana C., en BERTAZA, Humberto J., y MARCONI, Norberto J. (dir.es): Tratado del Régimen Penal Tributario, t. 2, p. 245. Buenos Aires, La Ley, 2010.

(10) GARCÍA MARTÍN, Luis: «¿Qué es modernización del derecho penal?», en Derecho Penal Contemporáneo. Revista internacional, N.° 12, pp. 117-188. Bogotá, Legis, julio / septiembre de 2005, citado por MARCONI Ana C., en op. cit.

(11) SAVIGNY: «Traité de droit romain», citado por MARCONI en op. cit., p. 238.

lunes, 15 de febrero de 2016

Comentario fallo “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” STJCABA

Por Juan Cruz Cardoso1


Introducción
El 23 de octubre de 2.015 el Tribunal Superior de Justicia de CABA (TSJCABA) dictó sentencia en los autos caratulados “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ Recurso de Inconstitucionalidad Concedido” en donde se analizó una vez más la prescripción de tributos locales, a la luz de la nueva legislación del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), y de anteriores fallos del mismo Tribunal, como “Sociedad Italiana de Beneficencia”2, y también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Filcrosa”3, entre otros, dando como resultado una novedosa sentencia que “confirma” la autonomía local en la materia, pero no por la nueva legislación del CCyCN, sino por una nueva interpretación que hizo el Congreso de la Nación al regular la materia en el nuevo Código Nacional, según lo entiende el Tribunal sentenciante.

Los hechos
Los actores interpusieron demanda contra el Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires (GCBA), para que se declare la prescripción de varios períodos del año 1.990 (cuotas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07), 1.991 (cuotas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09), 1.992 (cuotas 10, 20, 30, 02, 04), y 1.995 (cuota 02), en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que gravaban el inmueble de su propiedad.
Al resolver se declaró abstracta la pretensión por los períodos del año 1.991, 1.992 y 1.995, pero se declaró la prescripción de lo reclamado a los accionantes por las cuotas del año 1.990.
Para decidir así, el a quo entendió que si bien el Código Fiscal de la CABA y el Código Civil resultaban concordantes al establecer el plazo quinquenal de prescripción, la diferente manera en que la norma local lo computa (desde el 1° de enero posterior al día en que se produce el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen), respecto del modo en que lo prevé el código de fondo (desde la fecha del título de la obligación), llevaba a la conclusión de que debían aplicarse las disposiciones de la ley civil.
Así, se declaró entonces la prescripción de la deuda en concepto de ABL por los períodos 01 a 09 del año 1991 respecto del inmueble de los actores, desde que el último de los vencimientos reclamados (cuota 09) que había sido el 05/12/1991, y el inicio del juicio de apremio, el 20/12/1996, es decir, que habían transcurrido cinco (5) años de conformidad con el modo de cómputo establecido por el Código Civil.
Contra ese decisorio, el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad, que fue concedido, y sobre el cual el Sr. Fiscal General propició su rechazo.
Finalmente el TSJCABA resolvió que el gravamen no estaba prescripto, entiendo ratificado, a través de la interpretación que hace el Congreso de la nación en el nuevo CCyCN respecto de la prescripción de tributos locales, el decisorio de “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR (resol. 1181/DGR/00) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114, CFCBA4)” (2003).

Los fundamentos del fallo
Casás fue el ministro preopinante, y en primer lugar se encargó de aclarar que sus decisorios previos sobre la temática en cuestión (prescripción en materia de tributos locales), luego de “Sociedad Italiana de Beneficencia” habían respetado invariablemente la doctrina “Filcrosa”, aun sin coincidir con ella, debido a razones de economía procesal, y fundamentalmente por respeto a la autoridad institucional del Alto Estrado que representa la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Explica el Ministro que como el Tribunal Cimero ha venido a entender desde hace tiempo y en forma inmutable, que la prescripción es un instituto del Derecho Común (aún en el ámbito de regulaciones propias del Derecho Público Local como, son las referentes a las obligaciones tributarias, comprendiendo los plazos de prescripción, el momento a partir del cual se inicia su cómputo y las causales de interrupción y suspensión), no había modificado su postura.
Recuerda Casás en su voto la reflexión de la Dra. Carmen M. Argibay, quien al pronunciar su dictamen particular en la causa “Municipalidad de La Matanza c/ Casa Casmma S.R.L. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía”5, sostuvo que “con relación a los plazos de prescripción en materia tributaria local, la línea de decisiones que viene siguiendo el CSJN a partir del caso “Filcrosa” no ha merecido respuesta del Congreso Nacional, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo. Tal circunstancia confiere plausibilidad a la interpretación de la legislación nacional que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encontraba la Jueza para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas.”
De esta forma entiende Casás que en dicho voto se está solicitando al Congreso de la Nación un pronunciamiento al respecto, que ratifique o rectifique la doctrina sentada en “Filcrosa”, al interpretarse el instituto de la prescripción.
Mientras el Congreso de la Nación no tome cartas en el asunto, la doctrina de “Ficrosa” seguiría viva, ya que “es este el Poder del Estado con posibilidad de “introducir precisiones en los textos legislativos para corregir la interpretación dada por el Alto Tribunal en “Filcrosa”, si la consideraba errónea”, asegura Casás.
Razona entonces el Ministro preopinante, que esa ratificación o rectificación finalmente ocurrió con el dictado de la Ley Nacional N° 26.994 (que aprobó el CCyCN), particularmente en referencia a lo normado en los artículos 2.5326 y 2.562.7
Por un lado, el art. 2.562 fijó en dos años el plazo de prescripción general para todo lo que se devenga por años o plazos más cortos; mientras que el art. 2.532 estableció que las legislaciones locales podrán apartarse de las disposiciones específicas de prescripción que establece el CCyCN, para regular sus propios plazos de prescripción materia de tributos.
Destaca Casás que con el art. 2.532 se buscó justamente evitar el riesgo de someter la prescripción de los tributos locales al plazo de prescripción corta de dos años, concluyendo que “finalmente, el Congreso nacional introdujo el agregado que, cabe decirlo, recepta sin limitaciones la doctrina de la sentencia de este Tribunal en la causa “Sociedad Italiana de Beneficencia” ya citada, dando así la respuesta institucional del Congreso de la Nación que formula las precisiones legislativas con entidad para modificar la jurisprudencia de la Corte federal que la jueza Carmen M. Argibay reclamara en la causa “Casmma”.
Entendió así el Ministro que el Congreso no estaba dictando una nueva norma, sino más bien interpretando de manera expresa el régimen de prescripción que siempre estuvo vigente, validando la tesis sentada desde años por el Superior Tribunal del que forma parte, que defiende la autonomía de local para reglar el plazo de prescripción de los tributos locales.
Con todo ello Casás reafirma la postura sentada en “GCBA c/ Constructar SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”8, sentencia del 23 de febrero de 2.005, en donde expresó que en “el Derecho Tributario la prescripción sólo puede encontrar su fundamento en criterios objetivos y uniformes que den satisfacción al principio de seguridad jurídica. Ello se evidencia claramente en el hecho de que el legislador haya querido tomar un parámetro uniforme para determinar el dies a quo del plazo prescriptivo, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación jurídica tributaria: relación de derecho público que no nace por voluntad de las partes en ella implicadas, sino por la ocurrencia fáctica del presupuesto legal previsto. // Para reforzar esta idea de la necesidad de uniformidad en el cómputo del plazo, frente a obligaciones de masa como las tributarias (por estar referidas a universos más o menos vastos de contribuyentes) en que debe facilitarse la gestión recaudatoria del Fisco, es corriente que en el derecho comparado se adopten soluciones semejantes a aquella a la que adscribe la legislación local y federal de la Argentina. Valga recurrir, como ejemplo, a la solución receptada por el Modelo de Código Tributario para América Latina del Proyecto de Tributación Conjunta OEA-BID, elaborado en el año 1967 por Rubens Gomes de Sousa (Brasil), Ramón Valdés Costa (Uruguay) y Carlos M. Giuliani Fonrouge (Argentina), en cuyo Título II: ‘Obligación Tributaria’, Capítulo V: ‘Extinción’, Sección Sexta: ‘Prescripción’, art. 56, primer párrafo, se dejó establecido que: ‘El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador’ (Reforma Tributaria para América Latina: Modelo de Código Tributario, p. 47, Unión Panamericana, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1967).
Con todo esto Casás entiende que el Congreso de la Nación, al haber introducido el último agregado al artículo 2.532 que no se encontraba en el proyecto inicial (“Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos”), vino a receptar “sin limitaciones la doctrina de la sentencia de este Tribunal en la causa ´Sociedad Italiana de Beneficencia´”, dando así de una vez, la respuesta institucional reclamada por la Dra. Carmen M. Argibay en la causa “Casa Casmma”.
Finalmente, y también con gran trascendencia jurídica, expresa que independientemente de fecha de entrada en vigencia del CCyCN, el art. 2.532 vino a validar la tesis que el Superior Tribunal de Justicia venía propiciando en sus decisiones referidas interpretación que hacía de la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de jurisdicciones locales, por lo que habrían suficientes razones para apartarse definitivamente de la doctrina sentada por “Filcrosa”.
A su turno, el Ministro Luis F. Lozano adhirió al voto de del Dr. Casás, y agregó que a su entender el Congreso de la Nación siempre ha entendido que constituía una potestad reservada por las provincias (art. 121 CN9) la regulación de la prescripción de la acción para determinar y exigir el pago del los tributos locales, ya que por ejemplo reguló la prescripción de las obligaciones tributarias regidas por la ley 11.683, separadamente del propio Código Civil.
En consecuencia, entiende el Dr. Lozano, “si el Congreso decidió regular separadamente la prescripción para los tributos nacionales es porque entendió que la materia está fuera de los códigos de fondo dejando así librado a cada estado provincial hacerlo del modo que estime más conveniente, respetando las garantías constitucionales… los precedentes Filcrosa, Casa Casmma S.R.L., y Lubricom entre otros quiebran la uniformidad que debe presidir la normativa que emana del art. 75 inc. 12 CN, sin hacerse cargo de ello.”
Así mismo se encarga de destacar ciertas ventajas que conlleva el hecho de que las jurisdicciones locales legislen la materia, al señalar que ello posibilita: “a) establecer válidamente un plazo de prescripción distinto para los supuestos de contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el artículo del Código Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la ley 11.683 (cf. su art. 56, inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades; por ejemplo, el art. 44 de la ley 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la prescripción de la acción de repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil sería de diez años, en lugar de los cinco que tiene el contribuyente de tributos nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como para las multas, similares a los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el Código Civil no los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del ejercicio presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se aplicaría el art. 4023, por no ser de los llamados “repetitivos”, tengan, por imperio del Código Civil, prescripciones distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa en general opuesta al interés del contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) que los tribunales locales sean intérpretes finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 75 inc. 12 sino por la naturaleza local de la normativa aplicable.”
Completa el Ministro Lozano, afirmando que con el dictado del nuevo CCyCN, el Congreso mantiene la interpretación que siempre ha tenido respecto de a quién corresponde legislar la prescripción de los tributos locales, pero está vez en una forma expresa, eliminando cualquier discusión y/o suspicacias al respecto.
En línea con lo manifestado por el Dr. Casás respecto de los artículos 2.532 y 2.562, dice además que el artículo 2.56010, al establecer el plazo genérico de la prescripción liberatoria, dice que el mismo es de cinco años, “excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”, con lo que se demuestra cabalmente, dice el Ministro, que el Congreso Nacional “ha entendido que no forma parte de las facultades delegadas por las provincias a la Nación la de regular el plazo de prescripción, de las acciones de los fiscos locales para perseguirse el cobro de los tributos locales.”
“Esa es la interpretación de la CN, remta Lozano, opera como tal, con prescindencia de la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.994.”
La juez Inés M. Weinberg en su voto, también adhirió a la tesis respaldada por Casás, agregando que el marco legal para el modo de extinción de las obligaciones que fijó la jurisprudencia de la CSJN, quedó delineado de la siguiente forma: “el plazo será de cinco años para determinar y exigir el pago de tributos locales (inc. 3 art. 4.027 del Código Civil), comenzando su cómputo desde la fecha del título de la obligación (art. 3.956 Código Civil), y pudiendo suspenderse dicho plazo sólo a partir de la constitución en mora del deudor (art. 3.986).”
Por ello se podía concluir, razona en su voto, que las prescripciones de los códigos y/u ordenanzas fiscales locales, eran inconstitucionales en tanto se aparten de tales directrices, bajo la luz de los artículos 75 inc. 1211 y 3112 de la CN.
Remarca también la discordancia entre el ordenamiento fiscal federal, y el local, en tato la normativa dictada por el Congreso de la Nación pudo apartarse válidamente de las disposiciones de los Códigos de fondo, mientras que los ordenamientos provinciales y municipales no, bajo la tacha de inconstitucionalidad.
Concluye agregando que “de acuerdo a cómo el Congreso ha legislado -interpretando el alcance y sentido de los preceptos contenidos en nuestra Constitución- ha quedado evidenciado que, contrariamente a la tesis iusprivatista seguida por la Corte, concierne al ámbito del derecho público local legislar el régimen de la prescripción en materia tributaria, sin contrariar ello el art. 75 de la CN.”, y que dicha concepción que salvaguarda el régimen federal de competencias, resulta además conteste con el principio autonómico de los entes locales, que se encuentra resguardado constitucionalmente a través del art. 121 de la CN.
“Se deriva de ello que el derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su jurisdicción, propia del derecho público local.”
“De este modo, los gobiernos locales podrán ejercer su poder originario en materia tributaria abarcando todos los aspectos constitutivos de las obligaciones tributarias, regulando los plazos y formas de extinción de los mismos a su propio y razonable criterio.”
Los restantes votos, de las Dras. Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz, también adhirieron plenamente a lo resuelto por el Dr. Casás, sin aportar otros elementos y/o argumentaciones propias.

Conclusiones
El fallo en particular resulta muy claro tanto en la postura que sienta, ratificando plenamente la doctrina sustentada en “Sociedad Italiana de Beneficencia”, como en la motivación y justificación de su tesitura: la potestad para regular los plazos de prescripción en materia de tributos locales es privativa de las provincias, y no ha sido delegada a la Nación; y por consiguiente (aun cuando el CCyCN no lo diga), la forma de computar los plazos también.
Lo verdaderamente novedoso de este fallo es que el TSJCABA entiende en pleno, que con el dictado del CCyCN, el Congreso de la Nación desde siempre habría concebido a la prescripción liberatoria de los tributos locales, como una facultad reservada exclusivamente a las provincias, y nunca delegada a la Nación, y por lo tanto no estaríamos ante una nueva regulación legal de la materia, y ello habilitaría el inmediato apartamiento de la doctrina de “Filcrosa”.
De manera que el artículo 2.532 del CCyCN sería una confirmación de la interpretación que venía haciendo el mismo STJCABA en “Sociedad Italiana de Beneficencia”, y no una novedosa modificación al texto originario del Código Civil Argentino, ya derogado.
Con ello se justifica, además de la decisión final adoptada, el hecho de que no sería necesario tener en cuenta cuándo entró en vigencia el CCyCN para apartarse inmediatamente de “Filcrosa” y volver a “Sociedad Italiana de Beneficiencia”, debido a que según lo entiende el STCABA, los artículos 2.532, 2.560, 2.562, siguientes y concordantes del CCyCN, vinieron a confirmar que el Congreso de la Nación desde siempre entendió que la potestad legislativa referida a la prescripción en materia tributaria local es ajena a la Nación, y no constituyeron esos artículos una verdadera modificación a la normativa anterior; con lo cual, la CSJN, habría efectuado una interpretación errónea de la CN en “Filcrosa”, que ahora viene a ser corregida por el Congreso nacional.




1 Abogado por la Universidad de Mendoza, Magister en Derecho Tributario por la Universidad Austral, Especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral.
2 STCABA, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC (Res. nº 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)”, Expte. nº 2192/03, 17/11/2003.
3 CSJN, “Filcorsa S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Veritifación Municipal”, 30/09/2003.
4 CFCBA – Art. 114°: El Tribunal Fiscal tendrá facultades para disponer medidas para mejor proveer. En especial podrá convocar a las partes, a los peritos y a cualquier funcionario de la Autoridad de Aplicación para procurar aclaraciones sobre puntos controvertidos. En este supuesto las partes podrán intervenir activamente e interrogar a los demás intervinientes. 
Las pruebas deben cumplimentarse con intervención de la Autoridad de Aplicación, como órdenes, emplazamientos o diligencias y estarán a cargo del representante o apoderado del Fisco interviniente en la causa, quien podrá dirigirse directamente a cualquier dependencia para recabar datos, elementos, antecedentes o todo tipo de información necesaria para tal fin. Las dependencias deberán proporcionarle toda documentación que requiera, dentro de los plazos que se fijen al efecto. 
5 CSJN, 26/3/2.009.
6 CCyC - Art. 2532: Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos.
7 CCyC - Art. 2562: Plazo de prescripción de dos años. Prescriben a los dos años:
a. el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos;
b. el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo;
c. el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas;
d. el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas;
e. el pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad;
f. el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude.
8 STJCABA, 23/2/15.
9 CN - Artículo 121: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
10 CCyCN – Art. 2560: Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto
que esté previsto uno diferente en la legislación local.
11 CN – Art- 75 inc. 12: Corresponde al Congreso: Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
12 CN – Art- 75 inc. 31: Corresponde al Congreso: Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.

martes, 15 de abril de 2014

Algunos problemas del financiamiento provincial

Autor: Lisandro Yolis

Las finanzas públicas provinciales se encuentran en una grave situación.
Por diversos motivos, que exceden el presente análisis y que confluyen en cuestiones de Federalismo Fiscal, las provincias argentinas se encuentran ávidas de recursos.
Esta situación pone a los fiscos provinciales en situaciones difíciles.
En los últimos días, he realizado un relevamiento de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de este período 2014. Allí, pueden encontrarse muestras de los problemas que afrontan los organismos recaudadores locales cuando se ven obligados a obtener recursos.
En la causa A.911.XLVII "Aceitera Martínez S.A.", con fecha 4 de febrero, el Máximo Tribunal dispuso una medida cautelar de no innovar contra la Provincia de Misiones a fin de que se abstenga de llevar adelante la ejecución de una intimación de pago sobre la actividad de exportación fuera de la jurisdicción provincial de la empresa actora. Si bien sólo se trata de un marco cautelar, lo cierto es que existe, cuanto menos, una verosimilitud del derecho de que la forma en que el fisco local pretende gravar la exportación realizada fuera del ámbito local no se ajusta a los parámetros constitucionales.
Asimismo, en la causa P.942.XLVIII "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.", interlocutorio del 18 de febrero, el Alto Tribunal ordenó a la Provincia de Río Negro se abstenga de ejecutar o exigir el pago de la tarifa (o tasa) implementada por la Resolución 3/2012 de la Secretaría de Hidrocarburos. Nuevamente, en el marco de una medida de no innovar, siempre teniendo en cuenta el alcance de la misma.
Además, en otra causa, B.194.XLIII "Banco Credicoop Cooperativo Limitado", con sentencia definitiva del 26 de marzo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Capacidad Prestable de la Provincia de Entre Ríos (Ley 8293).
Lo relevante de este último caso, más allá de sus particularidades y de la derogación del tributo por la Ley 9912, radica en los argumentos de la provincia demandada a fin de justificar la aplicación del gravamen. En ese sentido, recordando que la Ley 8293 data del año 1989 y que la misma comenzó a aplicarse recién en el año 2000/2001 con el dictado de la Ley 9376 y la Resolución de la DGR 187/2000, el Máximo Tribunal refiere, remitiendo a la contestación de demanda de la provincia, que el fundamento del impuesto radica en que "con el dictado de la ley 8293 se buscó procurar el desarrollo y progreso de la población de Entre Ríos acompañando el avance del resto de la Nación". Sin perjuicio de que no parece verosímil sostener después de 10 años ese argumento, lo cierto es que la provincia parece reconocer la inviabilidad del gravamen con la derogación del mismo en el año 2008, aún buscando captar fondos con el plan de facilidades de pago previsto en el artículo 2 de la Ley 9912.
A través del relevamiento efectuado, pueden observarse los medios a los que deben recurrir los entes recaudadores y legislaturas locales para obtener en lo inmediato recursos (impuestos y tasas, en algunos casos prima facie, inconstitucionales). El financiamiento de los gastos provinciales (y municipales), a la par del crecimiento de éstos en los últimos años, evidencia la obsolescencia de los instrumentos del Federalismo Fiscal. Esta situación no sólo resulta insostenible en el largo plazo, sino que, además, conlleva un riesgo institucional y graves afectaciones a garantías y principios constitucionales, y, en definitiva, redunda en una inseguridad jurídica que afecta el desarrollo económico y las inversiones. Parece necesario (y no es algo novedoso) replantear en el corto plazo aquellos instrumentos del Federalismo Fiscal vigentes que ya han quedado totalmente obsoletos a la luz de las actuales necesidades provinciales.